Piratería: 23 detenidos en diferentes ciudades españolas

Agentes de la Policía Nacional detienen a 23 personas por el uso y explotación ilegal de licencias de software de Microsoft en los equipos de informáticos de locutorios y cibercafés.

Esto sucede en una operación policial en la que se inspeccionaron negocios en las ciudades de Málaga, Almería, Burgos, Vigo y Talavera de la Reina. Además de los arrestados, imputan a otras 22 personas y realizan otras dos detenciones por atentar contra los Derechos de los Trabajadores. Debido a que se encuentran en situación irregular y sin un contrato de trabajo ajustado a Derecho.

Investigación policial

Se inicia a raíz de varias denuncias formuladas por Microsoft contra diversos locutorios y cibercafés por utilizar software ilegal en estos locales comerciales. La operación comienza en octubre de 2010 con la visita de peritos y detectives privados a los locutorios y cibers de las provincias de Almería, Málaga, Pontevedra, Toledo y Burgos.

Ya realizada la visita a más de 600 cibers y locutorios, Sogelise, empresa encargada de gestionar y verificar el correcto licenciamiento de los programas de Microsoft en máquinas de alquiler, comunica a los locales en situación ilegal mediante cartas requerimientos, en dos y hasta en tres ocasiones, que cometen un delito e instándoles a legalizar el software.

Los locutorios y cibers intervenidos son denunciados por un delito contra la Propiedad Intelectual previsto y penado por el Código Penal.

El dispositivo policial se centra en la inspección de 45 establecimientos situados en las ciudades de Málaga, Almería, Burgos, Vigo y Talavera de la Reina. Mediante programas de análisis informático, los agentes detectan la actividad ilegal de los locales. Todo ello para no obstaculizar la actividad comercial de carácter legal. Los agentes constatan que ninguno de los establecimientos inspeccionados tenía las licencias de software en regla.

Además de la detención de 23 personas y la imputación de otras 22, en los registros practicados se intervienen los discos duros de 376 ordenadores destinados al uso público previo pago. La Comisaría General de Policía Judicial coordina la investigación. También participan agentes pertenecientes a las Comisarías Provinciales de Málaga, Almería, Burgos y Toledo, y las Comisarías locales de Talavera de la Reina y Vigo.

Un riesgo para los usuarios y un perjuicio para la economía

El uso de software ilegal supone una clara desventaja competitiva para otros establecimientos comerciales que cumplen con los requisitos legales. Además de los perjuicios que ocasiona a los legítimos titulares de los derechos.

La instalación de programas ilegales supone un riesgo para los clientes de los locutorios. Los usuarios de estos equipos son objeto de vulnerabilidades en las consultas efectuadas, los datos aportados o las comunicaciones realizadas a través de estos ordenadores. El software ilegal instalado en los equipos carece de la licencia original por lo que no tiene acceso a las actualizaciones.

La piratería del software perjudica a la industria, a los consumidores y a la economía en general, repercutiendo en la creación de puestos de trabajo. En España, según la BSA, reducir la piratería de software en usuario final en 10 puntos en los próximos 4 años genera cerca de 2.200 nuevos empleos de alta cualificación e incrementa en 2.000 millones de Euros nuestro PIB. Asimismo, se obtienen 375 millones de Euros en concepto de ingresos fiscales hasta 2013. La piratería del software es un delito que perjudica a todos y, como delito, es perseguido.